En enero de 2014, el Grupo de Estados contra la Corrupción hizo 11 recomendaciones a España para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, así como para garantizar la independencia de la Justicia. Ni caso.
En octubre del año pasado, ese mismo organismo criticó con dureza que en España no esté garantizada la independencia del Consejo General del Poder Judicial respecto del Gobierno y las Cortes. En su informe recordó que los políticos no deben intervenir en el nombramiento de los magistrados para ocupar algún cargo en la carrera judicial. La historia se repitió: el gabinete de Mariano Rajoy hizo poco caso a esas recomendaciones.
Ahora, ocho meses después de esas críticas, el Consejo de Europa sitúa a España a la cola de los países de nuestro entorno en la defensa de la independencia judicial. Ese organismo europeo ha dado a conocer un informe en el que indica que el Gobierno español no ha cumplido tres de cada cuatro recomendaciones del Greco y solo ha puesto en marcha una cuarta parte de algunas de las medidas que le aconsejaron. Ningún otro país ha sido tan desobediente. |
R E A L
