 Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario. Pese a esa excepción, en los años ochenta se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones que defienden el patrimonio. En 1998 el Gobierno de José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. El privilegio de la Iglesia estuvo en vigor hasta 2015, periodo durante el que se inmatricularon lugares como la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros. Hoy uno de los monumentos más visitados de España lo gestiona la diócesis de Córdoba, que cobra cada entrada a 10 euros. La Coordinadora Recuperando reclama que el listado incluya todas las inscripciones desde 1946. |
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