El jueves 5 de abril la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein determinaba que no existían motivos para que el Puigdemont permaneciera privado de libertad. La justicia alemana añadía que descartaba el delito de rebelión por el cual el Tribunal supremo español lanzó una euroorden de busca y captura contra Puigdemont, al no existir violencia.
La justicia belga dejaba en libertad sin fianza a los consellers Toni Comín y Lluís Puig y a la consellera Meritxell Serret. Las tres personalidades políticas se habían entregado a las autoridades belgas la mañana del jueves 5 de abril y la misma tarde salían libres.
El mismo país abría diligencias contra el Estado español por el geolocalizador que el CNI instaló en el coche de Carles Puigdemont para rastrear su desplazamiento de Bruselas a Helsinki.
La justicia suiza también tuvo un papel destacado el jueves 5 de abril en el descredito de la judicatura española. En la detención de Hervé Falciani, la policía del Estado español aseguró que, si lo había detenido el miércoles 4 de abril pese a que existe una orden de extradición desde mayo de 2017, había sido porque la justicia suiza había cursado una nueva orden contra Falciani después de que Anna Gabriel se exiliara en el país europeo. El ministerio de justicia suizo negó esa versión de los hechos y finalmente la policía española tuvo que aceptar que había mentido.
Por su parte, el relator especial sobre la libertad de expresión, David Kaye, ha instado a las autoridades españolas a que se abstengan de presentar cargos de rebelión, que conllevan penas de hasta treinta años, contra las figuras políticas de Catalunya. |
R E A L
